Autoría | David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes.
El derecho al voto que tenemos los migrantes en Chile enfrentó este año su mayor cuestionamiento, hasta el punto de motivar una reforma constitucional meses atrás. Ahora, constatamos que esa decisión, también allanó el camino para el actual escenario político, donde está en marcha el retroceso en derechos humanos.
Bajo el argumento de “normalizar” el sufragio de extranjeros residentes en Chile, el gobierno logró su cometido en el Congreso, aumentar el requisito de cinco a diez años o más ininterrumpidos de avecindamiento para votar, modificación que entrará en vigencia en el 2026.
No era la primera vez que los partidos y firmas encuestadoras, enfatizaran las preferencias electorales según nacionalidad y por motivos que llevaron a migrar. En otras circunstancias los cálculos siempre han estado a la orden del día, y en las tiendas políticas y sus organizaciones, continúan realizando un seguimiento minucioso, conforme varían las estadísticas de la población migrante regular. A la fecha, somos 885.940 (5.6%) migrantes habilitados para votar, con mayor presencia de Venezuela, Perú, Colombia, Haití y Bolivia, tal como consigna el Servicio Electoral de Chile en su último padrón electoral.
Hoy, otra discusión en la esfera política, concerniente a la “irregularidad”, se agudiza en pleno clima electoral y se instala en la opinión pública, entre el oportunismo, la desinformación y la emocionalidad.
De este modo, la restricción ya aprobada al sufragio, junto a la ausencia de garantías para una regularización y la persecución declarada a migrantes, evidencian una regresión de derechos. Así, el oficialismo buscó en su momento ganar réditos políticos bajo la impopularidad de la migración, mientras la oposición sigue imponiendo el discurso securitista y el miedo como elemento movilizador para llegar al poder ejecutivo.
En consecuencia, las elecciones transforman el control fronterizo en una puesta en escena, reforzando discursos de odio que se replican de manera incesante en redes sociales. Desde las declaraciones, hasta las preguntas dirigidas en debates públicos, se vincula la migración con la inseguridad, eclipsando temas tan importantes asociados a la movilidad humana, como el trabajo y la economía, la niñez y la protección, entre otros.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la ocupación laboral de migrantes, representó un 10,7% del total del país (noviembre 2024 – enero 2025), y alcanzó 1.025.769, en el trimestre julio – septiembre. A comienzos de este año, un informe de la Fundación porCausa destacó, además, el impacto de la migración en la economía chilena, a través de una contribución del 10,3% al Producto Interno Bruto (PIB).
La información anterior puede aportar a una valoración más justa de la migración en Chile, sin embargo, desde hace un tiempo atrás, diferentes sectores políticos optaron por la criminalización y la negación de migrantes como sujetos de derechos, un enfoque que se refleja en los encuadres mediáticos con una creciente deshumanización en contexto electoral y, de paso, en la manipulación del miedo y la desconfianza.
Ante esta realidad, mirar más allá de la coyuntura y tener conciencia crítica, se eleva como una urgencia en tiempos de incertidumbre. Chile se ha forjado históricamente con diversidad cultural y desafíos complejos: reconocerlo es un paso esencial para impedir que los retrocesos de derechos humanos se continúen normalizando.