Autoría | Andrés Orozco. Estudiante de Periodismo, Universidad Bernardo O’higgins
En marzo de 2025, diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la sede de la CEPAL en Santiago, en el marco de la Segunda Revisión Regional del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe. El espacio abordó los 23 objetivos, donde se evidenciaron brechas en su implementación regional. Entre tanto, el Estado chileno sigue sin suscribir el acuerdo, pese a que fue el país anfitrión del encuentro.
El proceso permitió evaluar avances y obstáculos en la aplicación de los 23 objetivos del pacto, instrumento que, si bien no es jurídicamente vinculante, cuenta con una estructura de seguimiento, presupuesto y mecanismos de cooperación internacional, apoyados por la Red de Naciones Unidas sobre migración.
Según el Informe final de las partes interesadas, presentando tras el encuentro, las organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre brechas persistentes en áreas clave como la protección de personas migrantes LGBTIQ+, la niñez migrante y apátrida, la justicia climática, violencia de género, la protección consular, las garantías laborales y la seguridad en rutas migratorias de alto riesgo. El documento también advirtió sobre políticas regresivas, detenciones arbitrarias, desapariciones y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en varios países de la región.
En este contexto Juan Pablo Luque, del programa Moldeando la Migración Orientada al Desarrollo (MEG Colombia), subrayó el rol de la sociedad civil en el proceso de revisión: “creo que el principal reto que tiene la revision regional es acoplar la mayor cantidad de propuestas, de ideas, de estrategias desde la sociedad civil que nos acompaña, precisamente para intentar que los estados miembros y estados que acompañan el pacto implementación efectiva de lo que se ha logrado con el Pacto Mundial para las migraciones”.
Uno de los ejes reiterados en las sesiones fue la necesidad de enfoques basados en derechos humanos, frente al avance de discursos estigmatizantes y excluyentes. Así lo expresó Sofia Brito, de la Red Regional por la Movilidad Humana LGBTIQ+ de Latinoamérica y el Caribe: “es importante también que, más allá de que los diferentes Estados generen y propongan discursos que estén en papeles, se los haga pragmáticos y se cumpla con estos compromisos en cuanto a diversos ejes, como la inclusión, la gobernanza y la generación de datos, entre otros, dentro de las diferentes políticas de Estado”.
El informe también remarca que la migración no es homogénea y que las políticas públicas deben reconocer la diversidad de experiencias, trayectorias y vulnerabilidades que atraviesan a las personas migrantes. En particular, advierte sobre las brechas persistentes en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+ en contextos migratorios. En esa línea, Danilo Manzano, de la Fundación Diálogo Diverso, señaló: “hemos venido justamente a participar acá en Chile, y que las voces, las miradas, las percepciones, pero sobre todo la información basada en evidencia, están presentes, y que tanto tomadores de decisión política, como las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas, puedan ver de una manera clara y directa que las necesidades de la población LGBTIQ+ migrante han estado siempre presentes”.
Vale destacar, que estas brechas de reconocimiento y protección, particularmente visibles en grupos históricamente vulnerados, se expresan con mayor crudeza en los contextos de tránsito y en las rutas migratorias de alto riesgo.
El informe identifica el Objetivo 8 del Pacto, relativo a salvar vidas y coordinar esfuerzos internacionales ante personas migrantes desaparecidas, como uno de los que presenta mayores obstáculos de implementación en América Latina y el Caribe. El documento advierte que persisten graves deficiencias en los mecanismos de búsqueda, rescate e identificación, así como una falta de coordinación efectiva entre los Estados, lo que incrementa los riesgos en rutas migratorias cada vez más peligrosas. Asimismo, señala que las políticas restrictivas, la criminalización de la movilidad humana y el uso sistemático de la detención migratoria profundizan la vulnerabilidad de las personas en tránsito y favorecen la actuación de redes de tráfico y trata. Frente a este escenario, el informe enfatiza la urgencia de priorizar la protección de la vida como eje central de la gobernanza migratoria, fortalecer la cooperación regional y garantizar respuestas estatales basadas en derechos humanos.
Este escenario de fragilidad institucional y falta de coordinación regional se vincula directamente con las tensiones geopolíticas que hoy atraviesa la gestión migratoria en el continente en general.
Frente a este contexto, en el plano geopolítico, Diego Chaves-González, gerente senior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute, advirtió sobre el debilitamiento de la cooperación regional: “lo importante es volver a ese diálogo colectivo para que no se fracture más la región, y podamos construir a partir de los consensos, e incluso también de los disensos, un futuro más próspero para la agenda migratoria”.
En esa misma línea, el debate puso sobre la mesa los límites actuales de la gobernanza migratoria internacional y los desafíos para articular respuestas coordinadas entre organismos multilaterales y Estados.
Durante el encuentro se recogieron preocupaciones por la necesidad de mejorar la coordinación entre agencias internacionales. Al respecto, Itzel Polo, del Bloque Lationameriano sobre Migración señaló: “creo que hace falta que justo hoy en día los mecanismos que existen dentro de las agencias de Naciones Unidas se comuniquen, no duplicar esfuerzos entre esas agencias, y el mandato del pacto justo es la comunicación interagencial en todos los niveles, desde la red global, regional y nacional. Falta esa voluntad real de las agencias para que se pueda implementar y obviamente esa comunicación con los gobiernos en todos los niveles, para garantizar lo que ya está hecho con este instrumento que tenemos como pacto”.
Otro de los ejes centrales fue el derecho a la identidad y la regularización, especialmente en contextos donde los procesos administrativos se mantienen estancados, Danilsa Granados, presidenta de la Corporación Migrantes Unidos Los Lagos, puso foco en la situación chilena: “en términos generales, lo que aquí en estos tres días se ha hecho mucho énfasis es en una regularización pronta, y eso cuando lo extrapolamos a Chile, estamos pendientes desde el año 2023 que se habló de que si hubiera una regularización el empadronamiento era el primer paso. Doscientas mil personas se empadronaron y hay muchas que están desesperadas”.
Por lo anterior, la revisión del pacto, constató también que el estancamiento o inexistencia de procesos de regularización, produce consecuencias no solo son administrativas, sino profundamente humanas, afectando trayectorias de vidas, familias y comunidades enteras.
Respecto a las consecuencias humanas de las políticas migratorias restrictivas, en particular los procesos de retorno y las expulsiones masivas, Blanca Gómez, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE) de El Salvador, compartió el impacto que estas medidas tienen en las familias en su país: “hablan sobre los retornados, que Estados Unidos está haciendo expulsiones masivas. Gente que vino desde joven, llegó a Estados Unidos exponiendo sus vidas en el camino, pasó toda su vida trabajando, mandando remesas para nuestro país, mandando el dinero para sostener a su familia. Cuando ya estas personas trabajan y trabajan se enferman, vienen y regresan tal vez voluntariamente porque ya no pueden trabajar, están enfermos, y llegan a su país y ahí ya no encuentran trabajo y tal vez nunca tuvieron un ahorro”.
Estas realidades regionales también interpelan directamente a los países de acogida y tránsito, y al rol que estos asumen en los espacios multilaterales de discusión.
Finalmente desde el ámbito nacional, Elizabeth Andrade, de la Red Nacional de Migrantes y Pro Migrantes de Chile, valoró el espacio, pero también cuestionó la falta de mayor involucramiento institucional del país anfitrión: “lo más interesante de todo esto fue el relato de la sociedad civil, donde presentaban casos en específico, para poder entrar en el relato, sobre todo en el artículo 8, que es el artículo de la vida, o el 4 en el tema de la regularización”.
Por su parte, David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes sostuvo que “la revisión regional muestra que la migración no puede gestionarse solo desde la seguridad ni desde la coyuntura. Lo que está en juego son vidas, trayectorias y derechos, por lo cual los Estados deben asumir compromisos de largo plazo ante una realidad estructural”.
El informe final recoge estas recomendaciones, insistiendo y subrayando la urgencia de avanzar hacia las políticas de Estados y no solo de gobierno, mecanismos de regularización inmediata, mayor protección en países de tránsito y una articulación regional sostenida. En ese marco, La Segunda Revisión Regional dejó en evidencia tanto el rol activo de la sociedad civil como las deudas pendientes de los Estados, especialmente en un país anfitrión que, hasta hoy, permanece fuera de los Estados firmantes del Pacto Mundial para la Migración.