Más de 6500 organizaciones y personas rechazan la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de no iniciar la regularización de personas migrantes empadronadas. Acusan una falta de responsabilidad política y ética por desarrollar un proceso de empadronamiento que generó expectativas evidentes en la población migrante y también por la falta de protección de los datos personales recabados en dicho proceso. Recalcan las consecuencias sociales, económicas y políticas que tiene no hacer la regularización, tanto para la población migrante como para la sociedad en general.
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