Autoría | Andrés Orozco. Estudiante de Periodismo, Universidad Bernardo O’Higgins.
Los desalojos recientes en campamentos de la Región Metropolitana volvieron a instalar en el debate público la crisis habitacional que desde hace años se profundiza en Chile. Operativos como el realizado en la Toma Dignidad, en la comuna de La Florida, o lo ocurrido en el campamento Santa Marta en Maipú, en los últimos meses, evidencian las brechas entre la recuperación de terrenos considerados de riesgo de asentamiento informal y la falta de soluciones habitacionales para miles de familias que viven actualmente en asentamientos informales.
De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2022 elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Chile existen cerca de 1.091 campamentos, compuestos por 71.961 hogares. Igualmente, el informe identifica que 37% de estos asentamientos se ubican en zonas con algún tipo de riesgo, como inundaciones o remociones en masa, mientras que el 63% no cuenta con resolución sanitaria formal.
El estudio también señala que las regiones con mayor presencia de familias migrantes en campamentos son Tarapacá (63,6%), Región Metropolitana (61,5%) y Antofagasta (59,9%), lo que refleja cómo esta realidad se ha extendido en distintas zonas del país.
Organizaciones sociales que trabajan con habitantes de asentamientos informales sostienen que el diagnóstico apunta a que los desalojos suelen abordarse como respuestas de emergencia, sin resolver el problema estructural de acceso a la vivienda. Así lo planteó Elizabeth Andrade, dirigenta de la Corporación Rompiendo Barreras y del Movimiento Vivienda Digna en Antofagasta, quien advirtió que las medidas aplicadas frente a estos procesos rara vez se traducen en soluciones habitacionales definitivas.
“En el tema de los desalojos trabajamos directamente con organizaciones internacionales que nos permiten armar protocolos para ayudar humanitariamente a los pobladores que están pasando por ese momento. La política de vivienda hoy no está tomando en cuenta soluciones habitacionales frente a las personas que viven en campamentos”, explicó.
La defensora dijo que muchas familias desalojadas terminan recurriendo a redes informales para encontrar dónde vivir, generalmente mediante allegamiento o traslado a otros asentamientos informales: “Las familias que enfrentan esta realidad, al ser desalojadas, buscan a sus allegados o a las familias con las cuales trabajan desde sus territorios y se apañan entre sí para poder ver cómo vivir en cualquier instancia”.
Otra voz, desde el ámbito académico, sostuvo que el aumento de estos asentamientos responde a transformaciones estructurales que se han intensificado en los últimos años: “Los asentamientos irregulares han existido siempre, pero hoy en Chile han aumentado exponencialmente en los últimos años, donde vive tanto población nacional como extranjera, pero también la presencia de población extranjera ha aumentado exponencialmente”, señaló la antropóloga Alexandra Obach.
Según la académica, esta situación se ve agravada por las dificultades de muchas personas migrantes para regularizar su situación y acceder a programas como subsidios por parte del Estado.
“Estamos con un problema importante de posibilidades de regularización de personas migrantes internacionales y que finalmente quedan como personas en situación irregular, indocumentadas, y que por ende no pueden tener acceso a ningún otro tipo de vivienda”, agregó Obach.
Desalojos recientes en la Región Metropolitana
En este contexto, episodios recientes como el desalojo de la Toma Dignidad vuelven a poner en evidencia las tensiones entre la recuperación de terrenos considerados inhabitables y la ausencia de alternativas habitacionales inmediatas para quienes viven en estos espacios.
En el caso de la Toma Dignidad, Daniel Reyes, alcalde de La Florida, informó al medio Bío Bío que el campamento llegó a concentrar alrededor de 400 viviendas, luego de que en una primera fase realizada el año anterior se habían desalojado otras 200 construcciones. El terreno, ubicado en la Quebrada de Macul, fue declarado inhabitable debido al alto riesgo de aluviones.
Explicó a diversos medios de comunicación que el proceso incluyó notificaciones formales y operativos sociales previos para ofrecer alternativas a las familias: : “Las personas no solo fueron notificadas cuando se inició, por allá por el mes de octubre, en la primera etapa del proceso de desalojo, sino que después hubo un acto de notificación formal de un decreto que declara la inhabitabilidad de esa zona. Se desarrollaron más de 20 operativos de distintas naturalezas, justamente para poder ofrecer soluciones habitacionales, tanto de manera definitiva como transitoria”.
Situaciones similares se han repetido en otras comunas. Durante el desalojo del campamento Santa Marta, en Maipú, sobre el cual se pronunció el alcalde Tomás Vodanovic.
En declaraciones al Canal 13, el jefe comunal manifestó que el municipio buscó implementar un proceso de salida gradual con apoyo social: : “Aun en ese contexto, como municipio hemos decidido hacer un proceso de desalojo con un enfoque lo más humanitario posible, donde se les ha ofrecido a todas las familias, sean chilenas o migrantes, un subsidio de arriendo transitorio para que tengan un lugar al cual llegar”.
Sin embargo, la aplicación práctica de estas medidas ha sido cuestionada por otras autoridades locales. La concejala de Puente Alto, Pola Montoya, expresó que si bien existen instrumentos estatales como subsidios de arriendo, su implementación suele ser muy compleja o casi nula.
“Cuando se dice comunicacionalmente que a todos se les entregó el subsidio de arriendo, eso no es así, porque muchas de las familias no cumplen con los requisitos”, planteó Montoya.
La concejala explicó que los subsidios pueden gestionarse tanto a nivel municipal como a través del Ministerio, pero el proceso suele ser lento y no siempre ofrece una solución inmediata. A esto se suma otra dificultad relevante: la situación migratoria de muchas de las personas que habitan estos campamentos: “El subsidio se gestiona por dos vías, una municipal y otra del Ministerio, y se demora. Muchas personas hoy día no quieren arrendar a través de subsidios porque se demora el pago, entonces eso nuevamente les cierra la puerta a encontrar una alternativa inmediata frente al desalojo. Hoy día el gran problema es que muchas de las familias no se encuentran regularizadas en su calidad migratoria, lo que imposibilita la entrega de beneficios estatales o municipales”.
Niños y familias tras los desalojos
El impacto de los desalojos se refleja, además, en la situación de niños, niñas y adolescentes. Según TECHO-Chile, cerca de 84.059 NNA viven en campamentos a nivel nacional, lo que representa aproximadamente el 24% de la población que allí habita.
Para la concejala Pola Montoya, los operativos pueden afectar directamente a este grupo: “Se están vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se les está privando el derecho a tener arraigo con sus familias en un lugar donde han estado viviendo durante varios años”.
La autoridad remarcó que, tras los desalojos, muchas familias deben separarse para encontrar alojamiento temporal, y se desconfiguran los núcleos familiares al buscar alternativas de vivienda
En ese escenario, los desalojos vuelven a revelar una tensión persistente: mientras las autoridades recuperan terrenos considerados de riesgo, miles de familias continúan enfrentando la falta de alternativas habitacionales inmediatas. Por ello, diferentes voces, coinciden en que sin una política que aborde la situación estructural de fondo, los desalojos terminan resolviendo una ocupación puntual, pero dejando intacta e incluso desplazando una crisis habitacional que sigue creciendo en el país.