Autoría | Andrés Orozco, estudiante de Periodismo, Universidad Bernardo O’Higgins.
Pese a que en Chile existen normativas que garantizan el acceso a la salud para personas migrantes, en la práctica persisten brechas que dificultan una atención oportuna. La principal tensión no está en la falta de regulación, sino en su aplicación desigual dentro del sistema público.
El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Peña, reconoce esta brecha entre lo establecido y lo que ocurre en los centros de atención. “Existen normativas muy claras y específicas respecto al acceso a la salud de las personas migrantes, como el decreto 67 del Ministerio de Salud, que establece que una persona debe ser atendida independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, no todos los funcionarios aplican esta normativa y muchas veces se les imponen trabas administrativas”, explicó la autoridad.
Estas barreras se traducen en exigencias concretas. cómo solicitar una autodenuncia o exigir enrolamiento previo, condiciones que definen si el paciente recibe o no atención. Gonzalo Pena advierte que, aunque esto no ocurre en todos los recintos, evidencia una preocupante falta de uniformidad. Incluso en las unidades de urgencia, donde la atención debería estar garantizada por ley, a menudo se les cobra a los migrantes indocumentados o no inscritos
Este escenario se desarrolla frente a una creciente presencia de población extranjera en la red pública. A diciembre de 2023, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) registraba más de 1,5 millones de afiliados extranjeros (9,6% del total). Además, según cifras de The Clinic, el 39% de los nuevos ingresos al sistema desde 2018 corresponde a migrantes.
Estos datos son clave para desmitificar parte del debate público. Información de Fonasa verificada por Fast Check CL revela que dos de cada tres afiliados extranjeros son cotizantes activos, es decir, aportan al financiamiento del sistema. La plataforma desmintió el rumor de que existiría “un millón de migrantes irregulares” recibiendo atención gratuita. En realidad, hay cerca de 533 mil extranjeros en el tramo A (población sin recursos), pero es imposible determinar cuántos de ellos están en situación irregular.
Desde el ámbito académico, las fallas no son solo administrativas, sino que responden a un clima social adverso. Alejandra Carreño, investigadora del Centro de Salud Global Intercultural (CeSGI), detalla que tras la pandemia y el cierre de fronteras se exacerba un discurso de odio: “Cuando estos discursos permean en el sector salud, tensionan la relación entre los equipos médicos y los pacientes”. Esto generó un temor profundo, alejando a muchas familias de los centros médicos por miedo a la discriminación o a ser denunciadas, lo que deriva en que los pacientes lleguen en estados de salud mucho más graves por falta de atención preventiva temprana.
En el nivel territorial, estas barreras se traducen en experiencias concretas que vulneran derechos básicos. Desde la organización MigrAsha, Emilia Gutiérrez señala que muchas de estas dificultades se originan en los procesos mismos de atención. “Cuando hablamos de que a veces prevalece la procedencia antes que la urgencia, nos referimos a situaciones como los requisitos de documentación. Se supone que existe un registro provisorio, pero no siempre es fácil acceder a él, porque se exigen verificaciones de residencia que incluso pueden ser negadas”, detalla.
Gutiérrez advierte que existe un problema transversal por desconocimiento de derechos, tanto en funcionarios como en los propios pacientes, el cual se profundiza por factores culturales y lingüísticos. “Hay barreras cuando las personas no hablan español, como ocurre con la comunidad haitiana, y eso influye directamente en el acceso”, señala. Así, el impacto de esta realidad genera miedos profundos, especialmente en madres migrantes que evitan acudir a los recintos de salud por temor a represalias, a su vez, bajo estas condiciones, muchas personas terminan asumiendo el desgaste de tiempo y dinero para desplazarse a otras comunas donde saben que recibirán una atención más humana.
Desde una perspectiva internacional, Esperanza Díaz, Médica, Miembro de Lancet Migration y directora del Centro de Pandemias en el Departamento de Salud Pública y Atención Primaria en la Universidad de Bergen, Noruega, sitúa estas problemáticas en un marco estructural que trasciende las fronteras de Chile: “Si un sistema de salud es injusto e ineficiente con la población general, siempre va a ser peor para las personas migrantes, porque quedan al final”, advierte. Díaz subraya también, que no se trata de un caso aislado, ya que “hay discriminación estructural en muchos países, y los sistemas de salud reproducen esas mismas desigualdades”.
Pese a este complejo diagnóstico, las soluciones están sobre la mesa. “Incluir a las personas en salud de forma temprana es más eficaz y eficiente económicamente. La cuestión es si existe voluntad política para implementar estas medidas”, concluye la investigadora.
Desde una perspectiva estructural, el acceso a la salud de la población migrante no es solo un desafío administrativo o un cruce de cifras; es un termómetro de la equidad estatal. Mientras la normativa siga siendo una promesa de papel que se estrella contra la burocracia y la discriminacion en el meson de un consultorio, el sistema continuará fallando. Y no solo le fallará a quienes llegan buscando refugio o un nuevo comienzo, sino que traicionara su propio mandato fundamental: proteger la salud pública de todos, sin distinción alguna.
Esta nota se elaboró en el contexto del encuentro e intercambio de experiencias “Aprendizajes y desafíos pendientes en el cuidado de la salud de personas migrantes y refugiadas en Chile, Latinoamérica y el Caribe”, convocado por el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, y el Centro de Salud Global Intercultural (CeSGI), en las instalaciones del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. La instancia reunió a actores institucionales, académicos, representantes de la sociedad civil, y la participación destacada de la médica e investigadora internacional Esperanza Díaz.